
Es por la feroz represión en las protestas. La ONU expresó su “seria preocupación” por el grave deterioro de las libertades y la represión en Argentina desde diciembre de 2023, incluyendo la violencia policial en protestas y la persecución a jueces como Karina Andrade. Un grupo de relatores de Naciones Unidas expresó su “seria preocupación” ante “el deterioro grave de las libertades fundamentales y del espacio cívico en la República Argentina desde diciembre del 2023”, que incluye la brutalidad de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones y la persecución a los jueces que los enfrentan, como en el caso de Karina Andrade.
El accionar represivo del gobierno contra las manifestaciones y la persecución a funcionarios judiciales que lo investigan sigue llamando la atención de la comunidad internacional. Un grupo de relatores de Naciones Unidas expresó su “seria preocupación” ante “el deterioro grave de las libertades fundamentales y del espacio cívico en la República Argentina desde diciembre del 2023”, con relación a las respuestas que el Poder Ejecutivo, con Javier Milei a la cabeza, y el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, dieron a diversas protestas. Tras dos meses de indiferencia, la Rosada solicitó una prórroga para responder a estas advertencias.
A través de una carta formal que enviaron el 12 de mayo, los funcionarios de la ONU expresaron al gobierno nacional su preocupación por la represión a la protesta pacífica desde diciembre de 2023 en base a un cúmulo de información que recibieron desde entonces sobre diversos episodios. La misiva advierte que las situaciones “alarmantes” sucedieron luego de la aprobación del Protocolo Antipiquetes, que Milei, Bullrich y compañía han aplicado desde entonces. Además de episodios de represión de la protesta social y actitudes que atentan contra la libertad de protesta y de expresión, les relatores especiales pudieron el foco sobre lo que consideraron un “ataque directo a la independencia judicial”, en base a diversas denuncias que recibieron sobre hostigamientos a jueces y fiscales que investigan el accionar represivo.
MODUS OPERANDI REPRESIVO
En el documento, resumieron algunas de las situaciones sobre las que decidieron advertir especialmente: la utilización de “tácticas disuasorias” en asambleas y concentraciones –bloqueo de ingresos a la ciudad de Buenos Aires o de calles en lugares de las concentraciones– el “encierro” de manifestantes, despliegue de un número de vehículos y agentes de fuerzas federales y nacionales “desproporcionados”, uso “permanente de armas menos legales”, gases, “personas heridas que no han recibido la atención médica necesaria”, “detenciones arbitrarias de manifestantes, periodistas, reporteros, camarógrafos en base a cargos vagos”, entre otras cuestiones.